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En la recta final del pasado 2012, los gobiernos autonómicos balear y catalán anunciaron la puesta en marcha de sendos gravámenes adicionales a los ya existentes y que han levantado ampollas entre el tridente que conforman la industria de la alimentación, la hostelería y la distribución.
El viernes 2 de noviembre del año pasado el gobierno regional de Baleares anunciaba las nuevas medidas fiscales que aún no ha tenido tiempo de poner en marcha pero que podrían entrar en vigor en el próximo mes de marzo. De esta manera, con el argumento de salvaguardar la protección del medio ambiente se ponían en el punto de mira de sus reformas impositivas los diferentes envases no retornables, aunque los principales afectados de hacerse efectiva la medida serán los comercios minoristas, dado que la medida caerá directamente sobre ellos y, en consecuencia, sobre los consumidores, que podrían experimentar un incremento del precio de algunos productos.
Por su parte, la Generalitat de Cataluña ha abierto la puerta de su propia cruzada contra las bebidas azucaradas arguyendo una defensa de la salud pública socavada -dicen- por un uso incontrolado de este tipo de refrescos con alto contenido en azúcares. Las nuevas tasas permitirían ingresar al tándem CiU-ERC 22 millones de euros. Tomando como modelo el impuesto de nueva creación que quiso aplicar el francés François Hollande cuando estaba en el oposición y que abandonó cuando llegó al poder, según lo expuesto por el ejecutivo catalán la idea es gravar con un 0,075 euros el litro y con un 0,025 euros la lata de refrescos.
Pero donde los políticos ven -o aseguran ver- una defensa a ultranza del medio ambiente y de la salud pública, los representantes del sector ven una medida recaudatoria de emergencia en un momento en el que apremia recortar el déficit. Y es que no sólo se trata de las consecuencias negativas para las ventas del sector que estas nuevas medidas podrían ocasionar, sino que a medida que se escarba en el tema aparecen problemas como duplicidades sobre la misma base impositiva que parecen tener poco sustento legal.
La imposición, a debate.
Con el fin de hacer patente la opinión del sector de la alimentación, la hostelería y la distribución, elEconomista organizó hace unos días una mesa redonda bajo la dirección técnica de Anfabra (Asociación de Bebidas Refrescantes). Con el título Incidencia de la presión fiscal en sectores clave de nuestra economía, el director de la revista Alimentación de elEconomista, Javier Romera, moderó un debate al que acudieron los máximos representantes de los intereses del secto
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